- Autora: Macarena Amores García
Hace diez o doce años, a través de sus gobiernos -especialmente el encabezado por Mariano Rajoy en su última etapa como presidente-, el Estado volvió a fijarse en una notable recuperación del movimiento libertario a través de grupos organizados en diferentes ciudades. Eran momentos de recortes y limitaciones de derechos y libertades de la clase trabajadora que continuaba sufriendo las consecuencias de la última “crisis-estafa”.
En este contexto, había llegado el momento de “despertar” (otra vez) el fantasma del “terrorismo anarquista”. Con esta excusa, los cuerpos represivos llevaron a cabo varias operaciones contra grupos y entornos ácratas cuyo objetivo principal era el de desestabilizarlos y acabar con el trabajo organizativo de los mismos.
No era la primera vez ni sería la última. Ya pasó durante los primeros momentos de la “transición” española, cuando tras la muerte del dictador el movimiento libertario y anarcosindicalista comenzó a recuperar espacios de los que habían tenido que desaparecer por la fuerza tras la guerra civil. Los sustentadores del régimen franquista, luego convertidos en “demócratas” de la noche a la mañana, no ocultaban sus verdaderas intenciones y señalaban sin complejo a quienes consideraban “potenciales enemigos”. Uno de los primeros montajes político-policiales en esta etapa fue el creado contra los anarquistas con el incendio de la sala Scala de Barcelona, en enero de 1978. Rodolfo Martín Villa, entonces ministro de Gobernación, declaró abiertamente que no era ETA realmente lo que le quitaba el sueño: “Quienes de verdad me preocupan son la CNT y el Movimiento Libertario”.
Aquellos hechos, en los que murieron 4 personas –curiosamente trabajadores y afiliados a la CNT-, sembraron muchas dudas en la sociedad española del momento, y contribuyeron a que el anarquismo perdiera fuerza rápidamente.
Las grandes operaciones jurídico-policiales de los últimos años contra el anarquismo han conseguido sobre todo desestructurar movimientos autónomos con detenciones de decenas de personas acusadas de formar parte de células que preparaban “actos terroristas”. El tiempo ha demostrado que ni había pruebas ni indicios de las acusaciones que llevaron incluso a la cárcel a algunas de estas personas. Los tribunales, ante la falta de evidencias, han tenido que condenar al Estado a indemnizar (ridículamente) a algunas personas afectadas por estos montajes.
Solidaridad: “Yo también soy anarquista”
En el año 2013 sale a la luz un libro titulado “Contra la Democracia”. Lo publica un colectivo llamado “Grupos Anarquistas Coordinados” (GAC). En este libro se analiza detalladamente las diferentes estructuras políticas y de poder de la sociedad, argumentado por qué la “democracia” es una farsa. Será la justificación que el juez Javier Gómez Bermúdez utilizará para mantener en prisión preventiva durante meses a personas acusadas de tener vinculación con este colectivo.
–Libro: https://es.anarchistlibraries.net/library/grupos-anarquistas-coordinados-contra-la-democracia
–Sobre Gómez Bermúdez: “Las vidas de Gómez Bermúdez: juez del 11M, abogado de los pasteleros de La Suiza y defensor del hijo del dictador guineano”.
El colectivo GAC originó la puesta en marcha de varias operaciones policiales. La primera de ellas, “Operación Columna”, arranca en noviembre de 2013. Son arrestados los anarquistas chilenos Francisco Solar y Mónica Caballero acusados de estar detrás del “ataque” a la basílica del Pilar, en Zaragoza y de pertenecer a otro grupo llamado “Comando Mateo Morral”, algo que ambos acusados negaron.
Fueron condenados a 12 años de prisión por ello, pero no se pudo comprobar su pertenencia al citado comando y ser procesados también por “pertenencia a organización terrorista”. En 2017, la Audiencia Nacional determinó la expulsión de España de los dos chilenos.
La “Operación Pandora” se inicia el 17 de diciembre de 2014. Durante su desarrollo, en Madrid, Barcelona, Sabadell y Manresa, se detienen a 11 personas. Siete de ellas irán a prisión y el resto son puestas en libertad bajo fianza en enero de 2015.
En una segunda fase de esta operación policial, esta vez llevada a cabo por los Mossos d’Esquadra, se registran domicilios y locales anarquistas en Barcelona, y se detienen a 9 personas. Serán acusadas por la Audiencia Nacional de pertenecer a “organización criminal con finalidad terrorista”. En 2016, la jueza Carmen Lamela archivará la causa al considerar que las afirmaciones que se realizaron durante la investigación policial no tenían una base “objetiva”. Esto confirmó lo que los entornos anarquistas de las personas detenidas defendieron desde el primer momento, que las detenciones se habían hecho de forma arbitraria y sin pruebas.
En marzo de 2015 la policía pone en marcha la “Operación Piñata”. Nuevamente se producen detenciones relacionadas con el colectivo “Grupos Anarquistas Coordinados” (GAC) en Madrid, Barcelona, Palencia y Granada. Son detenidas 15 personas, de las cuales 5 entraron en prisión. En 2018, la Audiencia Nacional ordenará el sobreseimiento “provisional” de esta causa.
En noviembre de 2015, en Madrid, tiene lugar la “Operación ICE”. La Policía Nacional detiene a 6 personas vinculadas al movimiento anarquista vegano y libre de drogas ‘Straight Edge’. Igualmente, se relaciona este grupo con los GAC, y se les acusa de atentados a cuatro sucursales bancarias de la ciudad. En los registros, la policía encontró “supuestamente” productos utilizados por estos “terroristas” para sus atentados. Luego resultó que estos eran eran azúcar, vinagre y bicarbonato (usados para la limpieza doméstica). Una de las personas que es detenida en el marco de esta operación será Juan Manuel Bautista ‘Nahuel’. El joven pasó por más de 5 centros penitenciarios durante un año, estando la mayor parte del tiempo en régimen FIES. Nahuel quedará en libertad provisional en marzo de 2017. En 2024, la justicia lo absuelve y la Audiencia Nacional condena al Ministerio de Interior a pagarle una indemnización de casi 54.700 euros por los “daños” causados, ya que en 2018 él y otros compañeros habían sido declarados inocentes.
El 13 de mayo de 2019 la Policía Nacional detiene en Madrid a dos personas a las que acusa de “terrorismo” en el desarrollo de la “Operación Arca”. Los detenidos, anarquistas, son llevados a la Audiencia Nacional. Se registran también varios domicilios y el local ‘La Emboscada’. Los dos anarquistas serán puestos en libertad poco después, pero la policía considera vital la investigación del material incautado en los registros: cuadernos, libros, libretas, móviles, ordenadores y otros objetos. Tres años después, en 2022, la causa es archivada por falta de pruebas.
https://www.todoporhacer.org/archivada-operacion-arca/
https://www.todoporhacer.org/represion-8-anos/
Sin complejos
Es cierto que el anarquismo tiene múltiples formas de poner en práctica sus valores y desarrollar La Idea. Pero también lo es que en la actualidad, la radicalidad, a través de la acción directa que tuvo en otras etapas históricas, no es la de hoy. Organizar grupos combativos de corte ácrata no es una tarea fácil. Quizás por eso, uno de los pocos espacios en los que aún se puede tener control de ciertas situaciones es en el centro o lugar de trabajo. Los trabajadores y las trabajadoras organizadas en los centros donde se ganan la vida pueden todavía poner en jaque al sistema. Son victorias limitadas, pero victorias al fin y al cabo. Por eso no es de extrañar que el Estado, una vez que aprovecha el trabajo realizado por anteriores gobernantes contra el movimiento libertario, se centre en perseguir el sindicalismo combativo. Y el ejemplo más evidente lo tenemos con la situación de las compañeras de ‘La Suiza’, que como curiosidad o casualidad el abogado de la poderosa familia dueña del negocio donde tuvieron lugar los hechos denunciados por la CNT es Javier Gómez Bermúdez.
Construir un sindicalismo fuerte desde los valores y las ideas anarquistas es un reto que tenemos por delante. Nada podemos esperar del Estado, que lleva décadas (¡siglos!) desmontando proyectos y persiguiendo a personas sin motivos. Pero tampoco lo podemos esperar ni de partidos burgueses ni de sus “organizaciones sindicales”, que actúan como correa de transmisión de sus políticas y “ocurrencias” de turno.
Si la anarquía es el “crimen” que persiguen, y sin duda lo continuarán haciendo porque con ella se cuestiona el sistema de privilegios y se trabaja para subvertir el orden establecido que nos imponen desde el mismo momento de nuestro nacimiento, quizás vaya siendo hora de admitir, de la misma manera que hacen los “demócratas”-, lo que somos sin ningún tipo de complejo.
Macarena Amores García.
1 sept. 2024